El Comité de Participación Ciudadana, encabezado por Lucía Irene Mimiaga León, enfrenta señalamientos por opacidad en un proyecto de 26 mil dólares y por la aparente omisión de sus integrantes en presentar declaraciones patrimoniales, obligación que la ley les impone

El Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa encontró una fórmula cómoda: pedir cuentas a los demás y no dar las propias.

El organismo que encabeza Lucía Irene Mimiaga León, presentado como contrapeso ciudadano del Sistema Anticorrupción, lleva meses sin responder dos preguntas concretas: qué pasó con un proyecto financiado con recursos internacionales, y por qué sus integrantes no han presentado declaraciones patrimoniales ni de intereses.

En agosto de 2025, el CPC intentó resolver lo del proyecto de 26 mil dólares con una explicación de “error humano”. No alcanzó. Iniciativa Sinaloa, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Sabuesos Guerreras y Tacuichamona Mx se salieron de la Red Ciudadana Anticorrupción argumentando que hubo opacidad en el manejo de esos recursos. Cuatro organizaciones que prefirieron irse.

Un órgano que existe para exigir transparencia demostró, en ese momento, que tampoco la pone en práctica.

La segunda falla es más difícil de explicar. Una revisión del registro público no muestra que los integrantes del CPC hayan presentado declaración de situación patrimonial ni de intereses, aunque la ley los obliga. El artículo 17 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado los sujeta al régimen de responsabilidades del artículo 130 de la Constitución local. No son observadores externos: reciben dinero público y tienen obligaciones públicas.

El comité lo forman Lucía Irene Mimiaga León como presidenta, más Raquel Zapién Osuna, César Miguel Valenzuela Espinoza, Emanuel Espinoza Salcido y Carlos Corrales Díaz. El portal del organismo registra que cada uno cobra 75 mil pesos mensuales bajo contrato de servicios profesionales. Lo mismo que un funcionario de alto nivel del gobierno estatal.

Mientras tanto, el CPC sigue señalando a municipios y dependencias por no transparentar su gestión. Nadie del comité ha explicado por qué ellos pueden saltarse la obligación de declarar su patrimonio y sus posibles conflictos de interés.

La autoridad moral no se declara: se demuestra. Y en este caso hay un problema evidente: el organismo que vigila al poder no quiere que le apliquen las mismas reglas que exige.