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Fuente: SinEmbargo
​La diplomacia estadounidense suele conducirse bajo una máxima no escrita: lo que no está registrado oficialmente, sencillamente no existe. Bajo ese manto de pulcritud burocrática ha decidido resguardarse Ken Salazar, ahora exembajador de Estados Unidos en México, al abordar una de las tramas más oscuras e incómodas del acontecer binacional reciente: la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y las esquirlas políticas que continúan impactando a Sinaloa y a la cúpula de la llamada Cuarta Transformación.

​En una reciente entrevista concedida a Univisión a propósito del lanzamiento de su libro Borderlands, Salazar recurrió al manual clásico de la contención de daños. “Nunca tuve información de que los narcos le pagaran a Rocha Moya”, atajó con sequedad al ser cuestionado sobre los presuntos vínculos y financiamientos que el crimen organizado habría inyectado a las arcas o campañas del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

​Para el exdiplomático, la respuesta es simple y exime a su gestión: si no llegó un reporte formal a su escritorio en la legación de la colonia Cuauhtémoc, la narrativa del “narcogobierno” en Sinaloa carece de sustento fáctico desde la perspectiva de Washington. El problema, sin embargo, es que en la política mexicana y en el intrincado laberinto del narcotráfico, los hilos más importantes casi nunca dejan huella en los informes oficiales preliminares.

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​El corazón de la controversia sigue estando en aquel accidentado 25 de julio de 2024, cuando un avión aterrizó en el aeropuerto de Doña Ana, en Nuevo México, entregando a las autoridades norteamericanas a uno de los capos más longevos de la historia, junto a Joaquín Guzmán López. Desde entonces, la Fiscalía General de la República (FGR) y el propio Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum han apuntado con el dedo a las agencias estadounidenses, sugiriendo opacidad, omisiones e incluso violaciones a la soberanía nacional en lo que a todas luces parece haber sido un operativo de extracción forzada o entrega pactada a espaldas de México.

​Frente a esto, Salazar se aferra a un pragmatismo tajante: “La verdad es la verdad. No fue nuestra operación, no fue nuestro avión, no fue nuestro piloto”. La paradoja radica en que, mientras insiste en que las agencias federales como el FBI sólo actuaron una vez que el capo pisó suelo estadounidense para confiscar la aeronave y formalizar el arresto, las dudas institucionales en México permanecen intactas. ¿Cómo es posible que una operación de tal magnitud ocurriera de forma completamente ciega para el aparato de inteligencia más poderoso del planeta?

​La entrevista también develó las costuras de lo que se conversa tras las puertas cerradas de la Embajada. Al ser cuestionado sobre los pasajes de su libro que refieren la presunta preocupación del expresidente Andrés Manuel López Obrador ante los secretos que “El Mayo” podría revelar ante una corte en Nueva York, Salazar matizó de inmediato: “Yo no tengo evidencia de eso”.

Lo redujo a meras habladurías de empresarios y actores políticos que desfilaban por sus oficinas.
​Con un calculado equilibrio, Salazar optó por elogiar la trayectoria de López Obrador y su enfoque hacia los “rincones olvidados” del sureste mexicano, intentando suavizar el tono de un debate que durante meses tensó la relación bilateral.

​El pronunciamiento de Ken Salazar puede interpretarse como un salvavidas político temporal para Rubén Rocha Moya y para la propia narrativa oficial de la continuidad gubernamental. Al desmarcarse de las acusaciones de sobornos, el exembajador intenta enfriar el reclamo de que la inteligencia norteamericana operaba con agendas ocultas para socavar a las autoridades locales de Sinaloa.
​No obstante, la exoneración verbal de un diplomático en retiro no sustituye las investigaciones profundas que la sociedad mexicana exige.

En el fondo, el caso de “El Mayo” Zambada sigue siendo un recordatorio de las asimetrías en la seguridad compartida. Estados Unidos celebra la captura en su territorio, resguarda el avión y procesa al capo en sus tribunales, mientras en México persisten las dudas sobre la complicidad estatal, los vuelos clandestinos y una soberanía que, con declaraciones diplomáticas o sin ellas, quedó severamente cuestionada desde aquella tarde de julio.